Diligencia preliminar tendrá un plazo de ocho meses, la misma incluye a los exministros Milton Von Hesse, José Gallardo Ku y Juan Manuel Benites
La fiscal de la nación, Zoraida Ávalos abrió una investigación preliminar contra el expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, por la adjudicación del Gasoducto del Sur a la empresa brasileña Odebrecht.
La diligencia preliminar contra el exmandatario es por un plazo de ocho meses, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada en agravio al Estado.
Para el Ministerio Público Humala Taso lideró, junto a su esposa Nadine Heredia, una organización criminal durante el periodo 2011-2016 para favorecer a la constructora brasileña.
“Asimismo se le imputa a Ollanta Moisés Humala Tasso, en su condición de presidente de la República, presuntamente haber incurrido en el delito de colusión agravada al sostener desde inicios de su gobierno un presunto acuerdo colusorio con los representantes de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Henrique Simoes Barata”, se lee en el documento.
Mientras que, a los exministros del gobierno humalista, Milton Martín Von Hesse La Serna (Vivienda), José Gallardo Ku (Transportes), y Juan Benites Ramos (Agricultura), se les imputa la presunta complicidad en el delito de colusión agravada.
La investigación contra estos altos funcionarios es por haber participado de la “sesión no presencial” del Consejo Directivo de Proinversión donde se aprobó “la implementación de los actos irregulares realizados por el Comité Pro Seguridad Energética”.
Por otro lado, la disposición fiscal señala no haber mérito para iniciar una investigación contra Rosa María Ortíz Ríos, exministra de Energía y Minas, “por haber prescrito la acción penal”.
Cabe mencionar que, tanto Ollanta Humala como sus exministros cuentan con la prerrogativa del antejuicio por cinco años, por lo que solo pueden ser investigados por la fiscal de la Nación. Dicho beneficio legal caduca en 2021.
Como se recuerda, la tesis de la fiscal Geovana Mori, quien tiene a cargo el caso original, es que entre los años 2011 al 2016 se habría enquistado en el Ejecutivo una organización criminal encabezada por el expresidente y Nadine Heredia, esta última acusada de ser “funcionaria de facto”, así como de seguir las órdenes de su esposo para sacar adelante la licitación del proyecto en favor de Odebrecht.
