Casi 70 mil muertos, al menos 5,712 comunidades afectadas y 157 organizaciones de desplazados dejó la época terrorista en el Perú
Durante la década de los ochenta y noventa, el Perú estuvo sumergido en una de las etapas más oscuras de su historia republicana reciente. El retorno a la democracia, en 1980, se vio fuertemente golpeado por el inicio de la violencia y terror desatado por el grupo terrorista Sendero Luminoso.
Al comienzo de esta “lucha armada” como lo denominó su ideólogo, Abimael Guzmán, se sumó, en 1984, el inicio de las acciones terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), una organización subversiva de tendencia castrista. Ambos intentaron perpetuar sus diferentes objetivos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde, Alan García y Alberto Fujimori.
Es en el año 2001, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, que se forma una comisión encargada de investigar lo acontecido durante estos años, conocer y profundizar en el papel de los principales actores, así como develar una serie de abusos contra los derechos humanos.
Esta comisión integrada por 12 miembros, entre expertos y académicos, se denominó Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). Hoy, 17 años después, los excomisionados hacen un análisis sobre los alcances, importancia y las recomendaciones de los nueve tomos del informe final de la CVR que se publicara en el año 2003, durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Relevancia histórica social
“(El informe final) fue un documento que generó disputas y cuestionamientos. Eso fue positivo ya que permitió esclarecer las cosas, lo peor hubiera sido que se publicara y pasara desapercibido”, declaró para Picanews el excomisionado para la CVR, Carlos Tapia.
De igual forma, el expresidente de la CVR, Salomón Lerner, en un diálogo virtual en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), sostuvo que gracias al trabajo de la comisión “se desmontaron una serie de afirmaciones o ‘verdades’ que habían circulado en el país en torno al Conflicto Armado Interno que se suscitó entre el Estado y fuerzas terroristas desde 1980 hasta el año 2000”.
La CVR recibió denuncias acerca de 24,000 personas muertas o desaparecidas, de ese número tan solo 18,397 fueron identificados con nombres completos. De acuerdo al informe final, se estima que el total de víctimas es de 69,280, y el 75% de estas eran quechuahablantes o tenía como lengua madre otro idioma nativo.
“La Comisión instaló una nueva narrativa del Conflicto Armado Interno (CAI), lo hace desde la memoria de las víctimas y esa es una manera nueva de escribir la historia de un capítulo reciente. Son esos testimonios que nos hablan no solo de hechos sino también de qué manera lo vivieron y cómo los afectaron”, afirmó la socióloga y excomisionada Sofía Macher.
Quien agrega que, a través de las distintas audiencias públicas que se realizaron las investigaciones, se pudo consolidar no solo “la condición de víctima de estas personas”, sino que confirmó su “condición de ciudadanos y ciudadanas”.
“Hubo un ejercicio democrático de ciudadanos que se sentaron, contaron y demandaron (acciones) al Estado, eso deberíamos rescatar y hacer funcionar en otras situaciones que vive el país”, acotó.
De igual forma, las investigaciones arrojaron que el 46% de las víctimas fueron provocadas por Sendero Luminoso, mientras que, al ingreso de las Fuerzas Armadas, en 1982, estas fueron responsables, junto a los grupos paramilitares, del 37.26% del total de las víctimas.
“Decir que las fuerzas armadas y el Estado no se comportaron bien en una serie de ocasiones no significaba ser traidor a la patria, ni enemigo de las Fuerzas Armadas. No se puede decir que cometieron excesos, hubo una política que siguieron y que, en el fondo, violaba los Derechos Humanos. Pisaron el palito de Sendero, hicieron lo mismo que ellos. Si es que había un senderista en una comunidad, esa comunidad era senderista y había que deshacerla”, apuntó Lerner.
Principales logros
En el informe final de la CVR se expusieron 85 recomendaciones, entre reparaciones a las personas y comunidades afectadas, y reformas institucionales para disminuir las brechas sociales que atravesaba y atraviesa el Perú. “Ese documento todavía está vigente como un punto de referencia para pensar en las grandes tareas que afronta el Perú en nuestros días. La reflexión que ahí se presenta no ha sido desautorizada en todo este tiempo a pesar de las sucesivas oleadas de ataque que ha sufrido el informe final”, sostuvo Lerner.
Durante los dos años de investigación de la Comisión, se documentaron más de veinte mil testimonios, entre audiencias públicas y privadas, realizadas desde las distintas áreas de trabajo. Por eso, para la socióloga Sofía Macher se hace pertinente rescatar el valor histórico de ese acervo documentario que dejó la CVR.
“Debería discutirse con la Defensoría del Pueblo para ver de qué manera pone en acceso estos testimonios que están en reserva, incluidos los de los militares. Dicen que no los han entrevistado cuando la CVR tiene varias entrevistas documentadas que podían darse a conocer al público”, aseveró.
Tras publicarse el informe final, se creó un marco normativo e institucional para buscar a las personas desaparecidas durante la época terrorista; además, se fundaron alrededor de 300 organizaciones de víctimas que exigían justicia y reparación.
Dicho marco normativo hizo posible que, en el 2005, se creara el Programa Integral de Reparaciones y el Registro Único de Victimas. De igual forma, en el 2015, se consolidó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y, en el 2016, se aprobó la Ley del Plan Nacional de Búsqueda, con el cual se podían realizar exhumaciones sin la necesidad de un fiscal, lo que a interpretación de expresidente de la CVR, “emancipaba la búsqueda de desaparecidos de los procesos judiciales que lo frenaban”.
Tareas pendientes
Para el sacerdote y excomisionado Gastón Garatea, no se ha tomado el peso real de lo que significaron las víctimas. “Quedaron como asuntos burocráticos y no como el drama humano que significaba el dolor y el padecimiento que habían tenido en esta ola (de violencia) donde mucha gente murió sin saber por qué moría”, aseguró.
El conjunto de 85 recomendaciones del informe final de la CVR, incluía reparaciones y reformas institucionales que garantizaran un vínculo real entre el ciudadano y el Estado; sin embargo, los excomisionados coinciden en que se ha avanzado mucho más en el campo de las reparaciones que en el de las reformas.
“La crisis sanitaria en la que estamos inmersos y que golpea de modo muy doloroso, es un nuevo recordatorio de la importancia que tenían esas recomendaciones que hicimos y que no fueron mayormente atendidas. Nosotros hablamos de la atención que el Gobierno debía hacer a la salud pública, sobre todo a la de los pueblos olvidados en la sierra y en la Amazonía”, mencionó Lerner.
En lo concerniente al campo de las reparaciones esta continúa completándose, pese a las limitaciones del Estado. Se efectúan a través de bienes materiales o inmateriales, ya sean becas estudiantiles o reparaciones individuales y colectivas, así lo confirmó a Pica News Carlos Tapia.
“Existen 4 mil sitios de entierros clandestinos donde hay más de 16 mil personas desaparecidas identificadas. La propia CVR indició que serían 8 mil los desaparecidos”, indicó Tapia.
Por otro lado, la socióloga Sofía Macher aseveró que estas se están dando “con una lentitud” que al final “le quita lo reparador”.
“Uno sentía que ellos (las víctimas) habían perdido todo y nadie les ofrecía nada, luego llegaron las reparaciones pero al principio los dejaron solos. Ahí nos faltó mucho corazón, la gente fue aplastada por el terrorismo, por lo militares y por la soledad”, apuntó por su parte Garatea.
La memoria como instrumento
Durante los años que se conformó la Comisión, el tema de la memoria no fue uno de sus objetivos principales; sin embargo, a la luz de los últimos trabajos en la materia, los excomisionados aseguran la importancia de infundirla en la historia y conservarla como un patrimonio del país.
“La CMAN sacó los lineamientos para una política pública de memoria, tenemos aprobado la política publica de Lucha contra el Terrorismo, donde incluye la memoria. Somos conscientes que las memorias están en pugna, entonces cómo es posible tener una plataforma común para todas estas memorias: es muy difícil. El LUM tiene ahí un trabajo que hacer, ver cómo las va juntando y poniendo en acuerdo, a través de la construcción de una memoria colectiva del conflicto”, sugirió Macher.
En el 2008, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) solicitó al Ministerio de Justicia y a la presidencia del Consejo de Ministros declarar a “La Hoyada”, lugar donde se arrojaban los cuerpos de los desaparecidos en Ayacucho, como “Santuario de la Memoria”. Recién en el 2019, el Ministerio de Justicia y el gobierno regional de Ayacucho suscribieron un convenio para elaborar el expediente técnico para la construcción de dicho santuario.
La difícil tarea de la reconciliación
A pesar del tiempo transcurrido, uno de los objetivos de esta Comisión: la reconciliación, sigue siendo una tarea pendiente. Al respecto, Tapia, indicó que esta es un proceso entre el Estado y las poblaciones vulneradas por las violaciones a los derechos humanos. “No es el abrazo entre los terroristas y los militares. La reconciliación es, en nuestro caso, la forma en que la sociedad entera y el Estado reivindica los derechos vulnerados en la muerte o desaparición de la víctima”, afirmó.
Asimismo, Sofía Macher señaló que la palabra ‘reconciliación’ tiene un concepto elástico y muchas veces “manipulado políticamente”. “Para uno que ha sido abusador, la reconciliación le significa una amnistía; para los religiosos un perdón y para Kuczynski le significaba la justificación para indultar a Fujimori”, señala.
“Recuerdo que estaba en un juicio oral y afuera había un grupo de licenciados del Ejército atacando a las víctimas de Accomarca, acusándolas de terroristas. Mientras, adentro, estaba el general acusándolos a ellos de tomar las decisiones (de los crímenes). Por más que haya evidencia, hay un rechazo para cambiar la narrativa y creo que viene más de arriba, sectores políticos que se sienten amenazados por procesos judiciales, más que con el soldado”, mencionó.
Por otro lado, aseguró que durante sus labores como integrante de la comisión LUM recibieron el testimonio de un grupo de licenciados del Ejército que fue atacado por el MRTA, y pedían a su institución una reparación.
“Me contaron que “se atrevieron a venir al LUM” con el temor de que aquí “defienden terroristas” y fue el único lugar donde se les recibió su testimonio y facilitó la ayuda. Hay algo de prejuicio y temas inventados que no responden al desenvolvimiento de los procesos que hemos desarrollado todos estos años”, afirmó.
“La Organización Nacional de Victimas del Conflicto Armado Interno está presidida por la viuda de un militar, entonces ¿dónde están las divisiones?. Creo que es más un objetivo político que quiere azuzar las divisiones que lo que se viene transformando con la gente sencilla”, concluyó.
Por su parte, Lerner indicó que todavía hay mucho por caminar para llegar a una sociedad conciliada, solidaria y demócrata donde no existe la indiferencia ni la segregación que “ha marcado a nuestro país desde hace tanto tiempo”.
Datos:
El Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social rescató archivos históricos como recortes periodísticos. Además, ha puesto a disposición del público parte de los testimonios recogidos por la CVR.
Hasta el 2018, se han realizado 218 tesis universitarias relacionadas al Conflicto Armado Interno en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad San Cristóbal de Huamanga.
Hatun Willakuy es el nombre del libro abreviado del Informe Final de la CVR.
