Loreto: Continúan protestas por la muerte de 3 nativos kukama

A 18 días de protesta, diversas organizaciones sociales en Loreto exigen mayor inversión en servicios básicos para la región y el cese de actividades de PetroTal en su región

Distintas comunidades nativas de Loreto se unieron el último jueves para solicitar al Gobierno investigar la muerte de los tres indígenas kukama kikamiri durante un conflicto ocurrido con la policía en los exteriores de la empresa canadiense PetroTal, que opera el Lote 95 en la zona.

Este pedido fue solicitado durante una marcha pacífica en conmemoración de William López Ijuma, Chemilton Flores Crispin y Elix Ruíz Ortís, comuneros de Huacrachiro, Bretaña y Ancash, respectivamente, fallecidos durante el conflicto.

“Conmemoramos a los mártires que han sido brutalmente asesinados por las fuerzas del orden, ellos han defendido el derecho a la defensa de nuestra Amazonía. Esperamos que el Estado y la autoridad regional se acerquen (a Bretaña). Además, la Defensoría del pueblo, la Comisión de Derechos Humanos. El Congreso tiene que establecer una comisión de investigación sobre los hechos”, afirmó durante la marcha José Fachin Ruiz, abogado y dirigente indígena amazónico.

El 8 de agosto alrededor de 70 de nativos del distrito de Puinahua, en la localidad de Bretaña, se dirigieron a las instalaciones de la empresa petrolera PetroTal para reclamar al Gobierno la instalación de servicios básicos y mejores condiciones de salud ante pandemia por COVID-19.

“Se dieron conversaciones infructuosas con los representantes de la petrolera, esta (conversación) terminó casi a las 10 de la noche. La gente (comuneros) ingresó a la zona (del Lote 95) para presionar y fue ahí donde se realizó la confrontación”, sostuvo Jorge Pérez, presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), en una entrevista para RPP.

De acuerdo al comunicado el Ministerio del Interior (Mininter), durante el conflicto, 11 civiles y seis policías resultaron heridos. “Los pobladores estaban provistos de lanzas y retrocargas (perdigoneras) y demandaban la paralización de las labores del referido campamento petrolero conocido como Lote 95“, indicó el Mininter en un comunicado.

Por su parte, Jorge Pérez, presidente de ORPIO, rechazó estas afirmaciones. “Ninguno de nuestros hermanos ha portado armas de fuego. Los representantes del Frente fueron solo provistos de sus lanzas”, indicó. “La policía asalariada de la petrolera disparó a quemarropa a los hermanos indígenas. Si el Estado hubiera atendido con anticipación nada de esto hubiera pasado”, aseveró.

Contraste
La gerente de Asuntos Institucionales de PetroTal, Sandra Castro, dijo en una entrevista para Canal N que las solicitudes están dirigidas al Gobierno más no a la compañía. “Están pidiendo que se restablezca el diálogo con las autoridades locales. Nosotros hemos tenido siempre una buena relación con los miembros de la comunidad Puinahua”, afirmó.

“Los dirigentes que están en la zona ahora son de otros lugares, son personas foráneas de otras localidades que han venido en embarcaciones”, agregó.

“Exigimos garantías para nuestro personal de la zona, pero también para los trabajadores y pobladores de Bretaña. Pedimos que se instale un espacio de dialogo y se concrete el presupuesto para que se concreten los proyectos de inversión pública en sus localidades”, concluyó Castro.

El político y educador ambiental David Roca Basadre manifestó que existe un movimiento de varias federaciones indígenas y organizaciones sociales de todo Loreto, que ha unificado y consolidado un Frente Común. “Hay un afán de dividir. El movimiento indígena abarca toda la región de Loreto, querer decir que vienen de fuera es absurdo. Es un solo movimiento y una sola lucha que abarca diversos frentes y diversas naciones que se están uniendo”, declaró en una entrevista para Pica News.

Además, señaló que la Federación de pueblos afectados por la actividad petrolera es una asociación, no una ONG. “No recibe dinero de nadie. Es una unidad de movimiento social”, indicó.

Mientras que el abogado y dirigente amazónico José Fachin, afirmó a Pica News este tipo de comparaciones lo que buscan es desligitimar los movimientos indígenas y a sus dirigentes. “Tienen que parar esa estrategia de querer deslegitimar la institución del movimiento indígena y sus los líderes. Cumplimos un rol de vocación a nuestros pueblos al defender nuestros derechos”, sostuvo.

Por su parte, Jorge Pérez informó que los comuneros están en una situación crítica: enardecidos y llorando a sus muertos. “Las comunidades aledañas que no quisieron participar en esta protesta, ahora están llegando, y la policía que está resguardando la zona industrial del Lote 95 está disparando al aire como una forma de decir que no se acerquen”, advirtió Pérez.

Camino a un consenso
Alberto Farfán, especialista en conflictos sociales, hace hincapié en la necesidad del Gobierno de fiscalizar la distribución de canon para asegurar que las necesidades básicas de las poblaciones sea suplidas. “La prevención consiste comprobar que las cosas que se anuncien, se hagan”, apuntó.

“El Estado debe instalarse en la zona y convivir con ellos (los comuneros) los meses que se requieran (para solucionar el conflicto), y, sobre todo, cumplir con lo que se compromete. La Unidad de Prevención de Conflictos Sociales de la PCM, el órgano ejecutor del Gobierno, tiene que estar ahí y no irse hasta ver ejecutado la operación (comprometida)”, señaló.

“La Unidad de Conflictos debe tener un registro sobre todos los acuerdos en situaciones de crisis. De esa forma se podrá supervisar su cumplimiento, así haya cambios de premier (Gabinete)”, agregó.

Atención contra el COVID-19
El Ministerio de Cultura (Mincul) fue la primera autoridad en llegar a la zona para atender el conflicto y gestionar con los líderes indígenas kukama kukamiria el envío de atención médica integral como 4,000 pruebas rápidas, 3,000 dosis de ivermectina y más de 1,000 equipos de protección personal y equipamientos para tratar diversas enfermedades.

De acuerdo al Mincul, estas ya fueron trasladadas a la comunidad Kukama Kukamiria, y tienen previsto brindar atención sanitaria también a la localidad de Saramuro, distrito de Urarinas, en Loreto.

De igual forma, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, viajó el martes a Loreto a fin de coordinar la entrega de más donaciones y equipos médicos para enfrentar la COVID-19 en esa región, e implementar proyectos de desarrollo en favor del pueblo loretano.

Finalmente, durante la primera reunión del Pacto Perú realizada el último lunes, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, informó que su Gobierno aprobó la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, país saludable”, con la cual el Estado se compromete a implementar, en los próximos diez años, medidas para mejorar el acceso a los sistemas de salud y reducir la vulnerabilidad socioeconómica de la población en general.

Esta Política Multisectorial de Salud pretende, además, impulsar hábitos de conducta más saludables entre los ciudadanos. Estas acciones se corresponden con la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).